Cuando al Estado lo estafan por millones -dólares, guaraníes, lo que sea- en concepto de evasión de impuestos, ¿quién es el agraviado? ¿Quién debe accionar para restaurar, como dicen los abogados, el bien jurídico dañado? Según el actual viceministro a cargo de la Secretaría de Estado de Tributación, Oscar Orué, quien tenga evidencias y pruebas de la tal evasión es quien debe accionar. Unos días atrás, el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP) difundió un informe señalando que entre la fabricación y oferta local de cigarrillos y la venta al exterior del producto existe una brecha que explicaría una evasión fiscal por centenares de millones de dólares al año. Según Orué, ¿qué espera CADEP para accionar?